Un esperado Decreto-Ley sobre cláusulas suelo que no cumple expectativas: ¿Se han liado o nos han hecho el lío?

Ya es oficial, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes 20 de enero y publicado en el BOE del 21 de enero de 2017, el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. La rotundidad con la que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre revoca la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que limitaba en el tiempo la retroactividad de los efectos económicos que sobre los contratos de préstamo tenían cláusulas declaradas nulas por considerarse abusivas, fue acogida con entusiasmo por la gran cantidad de clientes bancarios afectados. Por efecto contagio era previsible que a continuación se desencadenase un gran tsunami de reclamaciones ya que en apariencia la vía judicial queda libre de los obstáculos que hasta ahora podían desanimar a los clientes afectados a emprender acciones legales. Puesto que hasta ahora las entidades las han rechazado y han recurrido por sistema las sentencias contrarias a sus intereses, y no parece que incluso sin probabilidades de éxito vayan a desistir de esta forma de actuar, el evidente peligro de colapso de nuestros tribunales de justicia es una realidad palpable.

Tan solo 48 horas más tarde, en la rueda de posterior al Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el ministro portavoz anunció la intención del gobierno de aprobar un procedimiento extrajudicial para que los afectados recuperasen en las cantidades cobradas de más por la aplicación de las cláusulas suelo. Desde ese momento hasta ahora los borradores del proyecto, los rumores y un optimismo sin fundamento levantaron muchas expectativas sobre la aprobación de una norma que aportar una solución definitiva a este litigio.

Pero parece que definitivamente se ha impuesto la lógica, hay mucho dinero en liza y las entidades implicadas tienen mucho poder. El propio Gobierno ha reconocido haber eliminado medidas en este texto por la presión de los bancos. Y lo cierto es que, a primera vista, esta ley no modifica sustancialmente la situación anterior, ya que de cualquier modo las entidades pueden simplemente estimar que las cláusulas no contienen elementos por las que puedan ser consideradas abusivas y por tanto nulas, y finalmente tendrá que ser un juez el que dictamine al respecto. Se esperaba un texto más contundente, con más precisión y menos ambigüedades, con poco margen para la interpretación, que realmente sirviese para descargar a nuestros órganos de justicia del peso de este conflicto.

Tendremos que esperar algunas semanas, acaso unos meses, para ver el desarrollo y el alcance de la ley aprobada, las reacciones de las entidades, y también a que el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de la transposición a nuestra jurisprudencia de la mencionada sentencia del TJUE y sus efectos. Solo entonces podremos opinar con fundamento sobre la utilidad que este decreto-ley ha tenido para resolver el conflicto de las cláusulas suelo. Pero lo cierto es que de momento introduce más incertidumbres que seguridad para los clientes bancarios.

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